Fecha: mayo 16, 2022
Periódico Milenio
Columna de la Consejera Presidenta, Paula Ramírez Höhne
Ciudad de México / 16.05.2022 11:14:04
La Constitución lo dice clara, solemne, categóricamente: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”. No creo que haya duda alguna sobre el carácter histórico de este precepto, expresado en el artículo 40. Por su relevancia absoluta, me parece, debiera ser el punto de partida de la discusión sobre reforma electoral propuesta recientemente por el Ejecutivo federal.
Y es que la iniciativa choca, camina en sentido contrario, con el espíritu y la letra de la Constitución. En su exposición de motivos propone: “Conformar un solo mecanismo electoral nacional con instituciones administrativa y judicial únicas, bajo el principio de la austeridad republicana”. Es decir, la iniciativa extingue a las autoridades administrativas y judiciales electorales locales, establece la existencia de una ley única para regular la función electoral y el régimen de partidos en todo territorio del país y, más aún, propone una forma exclusiva para determinar el número de diputaciones locales y regidurías, prefigurando así una representación política de las entidades, decidida desde el centro del país.
Y aunque el diagnóstico de esa iniciativa es más bien parco, dentro de sus párrafos los verbos dominantes son: suprimir, eliminar, extinguir, homologar, reducir, todo, en nombre de una incierta austeridad. Esta voluntad para borrar los acuerdos locales, sus leyes, instituciones y su política hace que la reforma electoral entre en contradicción con las bases constitucionales fundadoras de nuestra república federal.
Como puede notarse, se trata de una discusión de principios, pues hablamos de una reforma dueña de un propósito centralizador que anula las facultades para organizar el régimen interior en los estados del país, incluyendo la capital. Sin mediar discusión, consulta o diálogo, se propone desaparecer el trabajo, el aprendizaje y los avances demostrables en los estados y forzarlos a una homogeneidad tan imposible como indeseable.
Pongo un ejemplo ¿Por qué la Ciudad de México permite la interrupción legal del embarazo en hospitales públicos y en cambio, a nivel federal no se reconoce ese derecho? La idea de la superioridad federal no se sostiene en muchos otros terrenos, incluyendo el electoral, donde las entidades han abierto caminos que después vemos a nivel federal.
Los mecanismos de participación son un ejemplo en donde los estados han avanzado más decididamente que el centro. Jalisco cuenta con 16 fórmulas de participación ciudadana, más que cualquier otra entidad del país y más que los previstos en la legislación federal. Las entidades han visto nacer otros avances pioneros, como el desarrollo y la puesta en práctica de la urna electrónica, utilizada y ahora mismo, disponible en elecciones locales, federales y en los diversos tipos de consulta; o la paridad de género en el acceso a cargos públicos, que es otro terreno donde los arreglos locales van mejor y más rápido que a escala nacional. En las pasadas elecciones, Jalisco votó por un Congreso eminentemente femenino, con 24 de las 38 curules ocupadas por mujeres (más del 60%); a nivel municipal, 26 ayuntamientos (una quinta parte) están gobernados por mujeres, y 645 regidurías (53%), así como 72 sindicaturas (58%) son espacios ganados por mujeres, en elecciones libres, legales y competidas, organizadas por nuestro Instituto Electoral Local.
Existen muchos otros ejemplos sustanciales: las primeras alternancias en el poder ejecutivo ocurrieron en los estados y varios de los principales movimientos democratizadores del país, han surgido en el ámbito local. Lo que, es más; nuestro país fue fundado a partir de esas realidades, que se asociaron en el pacto federal: un compromiso de convivencia en el que lo federal o nacional es tan legítimo como lo estatal y local. De modo que la libertad política para organizar la convivencia en cada región es una garantía fundadora de nuestra república.
Ahora bien, más allá de esa discusión constitucional, está la práctica real de las elecciones y es allí donde radica otro de los equívocos de la iniciativa de reforma: la supresión institucional no desaparece las funciones, sólo las traslada hacia un órgano agigantado que, para ejecutarlas, de todas maneras, tendrá que realizar el gasto. Me explico.
Se sostiene que se alcanzará un “ahorro de miles de millones de pesos” con la reducción de la estructura del aparato electoral, argumentando que existe una “duplicidad de funciones” entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismo Públicos Locales electorales (OPL), y que la autoridad nacional ha ido asumiendo cada vez más tareas de los organismos locales, por lo cual éstos resultan “irrelevantes” y suponen un doble gasto. No es así. En primer lugar, porque desde la reforma de 2014, se fijaron normas para delimitar las responsabilidades de cada autoridad, a lo que siguió un arduo trabajo reglamentario que hoy mismo distribuye con claridad las funciones específicas del INE y los OPL. Ese trabajo consiguió fijar con rigor las tareas de cada cual, respetando las competencias (esferas) entre autoridades, sin duplicidades presupuestales, ni técnico-operativas. Evitar la duplicidad es un trabajo que ya está hecho.
Así, por ejemplo, el INE es responsable de la integración e instalación de casillas para toda elección (local o federal), pero en ese proceso, los institutos locales desarrollan tareas de asistencia, integración de paquetes, el registro de observadores, la recolección de la documentación y material electoral, entre otras obligaciones del ámbito local. Además, los OPL ejercen funciones sustantivas plenas, como el registro de candidaturas (el proceso que determina quién cumple los requisitos para participar en la elección), partidos y coaliciones; el acceso al financiamiento estatal de partidos y candidaturas independientes; los escrutinios y cómputos de toda elección local; el desarrollo de sistemas como el programa de resultados electorales preliminares; el diseño y producción de material y documentación; la resolución de centenas de quejas de las contiendas locales; la entrega de constancias de todo cargo local y esos institutos asumen también, la responsabilidad total de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de validez de los mecanismos de participación ciudadana.
Todas esas funciones -y muchas otras imposibles de plasmar aquí- están en la realidad electoral de los estados y no hay forma de “suprimirlas” ni “eliminarlas”, sin que con ello se suprima y se elimine la competencia misma, la organización democrática de la disputa por el poder público en las entidades. Quiero decir: esas funciones tendrían que ser trasladadas al nuevo y descomunal organizador electoral (el INEC) y el gasto que se invierte en ellas, permanecería de todos modos. El supuesto ahorro es por eso una ilusión.
Ahora veamos la magnitud de las tareas de un órgano local típico en México y las consecuencias que traería para una sola institución centralizada. En números, el INE registró para la elección federal del año pasado, 3 mil 478 candidaturas, mientras que sólo en Jalisco, en la misma elección, el IEPC registró 14 mil 936 candidaturas. Este es el crecimiento real, no el imaginado, del INEC; multiplíquelo usted, además, por 32. El cálculo puede hacerse con cualquier otra función: producción de documentación electoral (en Jalisco diseñamos 145 boletas distintas para las 125 elecciones municipales y del Congreso local, e imprimimos más de 13 millones de ellas, mientras que en el INE diseñaron 300 boletas para la elección federal y se imprimieron cerca de 100 millones); cómputos (en nuestro estado los realizamos para 1,769 cargos, en el INE fueron para 500 curules); arbitraje electoral (en el pasado proceso el IEPC atendió e instruyó 488 quejas de los partidos, candidaturas y ciudadanos; el INE 180). Puedo continuar con un largo listado de funciones sustantivas que no se desvanecen en el aire, sino que tendrían que ser asumidas por el INEC quien por lo demás, ya no sería profesional, ni especializado, y no tendría más que una estructura local improvisada y temporal, ignorante de las formas y política local. Para la iniciativa de reforma, la vida política de los estados no merece una institucionalidad electoral propia, profesional y permanente.
El próximo 16 de junio Jalisco cumple 199 años de haberse constituido como el segundo estado libre y soberano de la república. Allí nació el primer pacto federal de la nación. La vocación federalista de Jalisco ha sido desde entonces un sello de la vida política, de su autonomía y su libertad para decidir sobre el presente y futuro de su régimen interior.
La nuestra no es una república centralista. Nuestra realidad, por fortuna, no es uniforme; somos un conjunto de sociedades locales diversas, con soluciones distintas que cada una encuentra en su vida política interna para gestionar su convivencia colectiva. Y esto -no la homogeneidad forzada- es lo que hoy, sigue garantizando nuestra Constitución.
Consejera Presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.
Fuente: https://acortar.link/ckTWXt